El grupo municipal del Partido Popular llevará a pleno una moción para que desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se inste al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que solicite al Gobierno de la Nación a crear con carácter urgente un nuevo fondo extraordinario que permita a los ayuntamientosasumirla gestión de la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una gestión que se encarguen de atender dichas administraciones localesa través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y que debe hacerse de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en Comunidades Autónomas y ayuntamientos.
"Además, solicitamos que se envíe a todas las Entidades locales, de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio, y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ya que a fecha de hoy se desconoce su contenido por parte de las administraciones locales, al no haberse consensuado ni contado con la opinión de las CC.AA ni de los ayuntamientos", ha expresado Raquel Rodríguez, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
Y es que ya hay estudios recientes e informes que señalan que la asunción de esta gestión llevará aparejada sobrecostes adicionales muy importantes,inasumibles por los ayuntamientos y la necesidad de contratar personal extra. "Sinfondos adicionales, será inviable para las administraciones localesgestionar esta nueva prestación estatal y por tanto, será inviable la firma de estos convenios de colaboración", afirma Raquel Rodríguez.
Además, desde el grupo municipal del PP, se solicita que el Gobierno de la Nación garantice que todas las Comunidades Autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación y/o gestión de esta ayuda si consideran que es lo más adecuado para sus ciudadanos. Se conoce que País Vasco, Navarra y Cataluña podrán gestionar esta nueva prestación, lo que supone un agravio comparativo entre ciudadanos de unas Comunidades Autónomas y otras. Algo que contradice la igualdad entre españoles consagrada por la Constitución.
