El equipo de VALORES presentó una denuncia ante los juzgados de lo contencioso por el incumplimiento de la ley de banderas por parte del equipo de gobierno de su localidad.
Los hechos transcurrieron cuando el PP local, con María de los Ángeles Túnez a la cabeza, ignoró la ley de banderas de 1981 colocando pancartas o carteles privados y no oficiales en la fachada principal del consistorio y en el centro de la mujer. Tras elevar quejas y peticiones a dicho equipo de gobierno para la retirada de los elementos ilegales, que hizo caso omiso por lo que el equipo de VALORES, con su candidato y concejal al frente D. Francisco Rodríguez Alcaraz, se vió en la obligación de presentar una denuncia con petición de medidas cautelarísimas ante los juzgados contenciosos de Murcia.
María de los Ángeles Túnez, y su equipo, en lugar de subsanar su error presentaron un recurso donde negaba la legitimidad de VALORES a presentar dicha denuncia. La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia ha sentenciado que VALORES tenía razón y que estaba legitimado para denunciar a la Sra. Túnez y además consta que esta ha actuado por VÏAS DE HECHO por lo que queda abierta la puerta para una posible o futura querella por un presunto delito de prevaricación.
"Los más sorprendente es que un partido como el PP, que enarbola esa misma ley de banderas en otros territorios nacionales, ignora dicha legislación en los feudos bajo su dominio donde aplica un gobierno totalitario", ha comentado D. Francisco Rodríguez Alcaraz candidato a la alcaldía por el partido VALORES, añadiendo: "…pero la sala de lo contencioso del TSJ ha sentenciado que el partido VALORES, cómo defensor de intereses públicos, goza del derecho inalienable de presentar denuncia, porque somos entes fundamentales de la participación política y de la defensa de intereses comunes, y podemos exigir el cumplimiento íntegro de la ley a todos aquellos que ostentan el poder y responsabilidades públicas, quienes deberían ser los primeros en cumplir con la ley".
VALORES Puerto Lumbreras se ha marcado una meta irrenunciable: la aplicación y el cumplimiento de ley por todas y cada una de las personas que viven en nuetros país y especialmente en nuestro municipio, sin que puedan esconderse detrás de organismos públicos, cargos electos o partidos políticos. Todos debemos asumir las consecuencias de nuestros actos, y más si desempeñamos la más alta magistratura municipal.